Un cortocircuito de larga data

Herberth Morales

Se vuelve válido presentar un pequeño antecedente, al actual cortocircuito del caso CEL-ENEL. En un ambiente donde la mirada a corto plazo es como la agitación del agua hirviendo. Y en este proceso de ebullición, el vapor no debería empañar nuestra visión.

El cortocircuito creado en la administración de Francisco Flores, sintetiza mucho del actuar de la cultura política salvadoreña; por lo tanto, no es una novedad en esencia (servirse del Estado como un patrimonio particular o para terceros). Incluso acciones lesivas a los intereses del pueblo en materia energética no son nuevas. En 1888 se introdujo el servicio de electricidad a la capital y éste sería otro parámetro para medir el “progreso” de los otros municipios, en un país que crecía al ritmo del café. Mucho después, en 1936 el poder legislativo creó una ley que pretendía regular los abusos e ineficiencias que llegaron a cometer los contratistas privados que proveían el suministro energético, además de establecer la utilidad pública del servicio eléctrico.

Por ejemplo, las autoridades locales de Jayaque, municipio de La Libertad, firmaron en 1917 un contrato de suministro y generación de energía eléctrica (prácticamente se resumía a alumbrado público y muy pocos con servicio residencial) con Víctor Manuel Gallardo, el cual estuvo vigente hasta 1946. Los munícipes jayaquenses vivieron expresando dos constantes a Gallardo: ineficiencia y altos precios del servicio eléctrico. En la práctica Gallardo era dueño de un servicio monopólico a nivel local, y desde esa condición se negó a reducir sus precios. Este ejemplo ilustra el sentido de esta ley creada en 1936 y que fue conocida como: Ley de Servicios Eléctricos, la cual creó la Comisión Nacional de Electricidad antecedente de la actual CEL.

Si lo anterior no basta, el 17 de diciembre de 1939 el Diario de Hoy expresaba tener una campaña “a favor de la revisión de las tarifas eléctricas del país”, y le solicitaba a la entonces Comisión Nacional Eléctrica aplicar la Ley de Servicios Eléctricos, para que las empresas privadas no incrementaran los precios de la electricidad por las siguientes razones:

·        Por un valúo excesivo de las construcciones, materiales y de los equipos en operación.

·        A consecuencia de la inflación de los sueldos de los cuerpos directivos, integrados estos, en general, por accionistas de las mismas empresas.

·        A raíz de los privilegios por el hecho de ser accionistas de las empresas eléctricas.

·        Por la mala ordenación de las tarifas con la intensión de beneficiar a un sector en particular.

·        Por reglamentaciones imprecisas, multas arbitrarias y servicios ineficientes.

Lo anterior es una constante de larga data que manifiesta la mentalidad de nuestros funcionarios, que en esencia es: usar al estado para intereses particulares. De todos es conocido que desde la segunda mitad del siglo XX, en El Salvador la generación de la energía eléctrica se fue consolidando como uno de los monopolios estatales más rentables para el erario público. Y precisamente en eso radica la fuerza que adquiere el debate en torno al contrato amañado y entreguista entre la estatal CEL y la cuestionada empresa ENEL.

En pleno 2013 es patético ver a ex funcionarios utilizando figuras mediáticas (el religioso Flavian Mucci y el poeta David Escobar Galindo)  para limpiarse la cara, los entiendo no es nada fácil llegar a los tribunales, donde desfilan los sectores populares y sentirse un igual ante la ley.

Finalmente, quienes firmaron ese lesivo contrato a los intereses de este pueblo salvadoreño, tienen un concepto de patria que se reduce a monumentos y canciones chillonas. La patria tiene que entenderse como la vida y los problemas que afrontan nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas actualmente, como una realidad histórica heredada. En esto último, los políticos de todos los colores deberán entender que amenazas latentes de privatizar la salud, agua y educación no son moneda de cambio por unos millones de dólares.